Seis años antes del bicentenario

La rica historia de nuestro país se encuentra muchas veces plagada de errores conceptuales que, si bien pueden advertirse con facilidad, nunca se llegó a un final feliz a su respecto.

Lo cierto es que uno de esos severos errores se encuentra constituido por el hecho de considerar al 2010 como el año del bicentenario argentino, cuando la realidad indica, sin restar importancia a los grandes revolucionarios de mayo, que el bicentenario argentino debería celebrarse el 9 de julio de 2016, cuando se cumplan 200 años de la independencia argentina.

Cabe recordar que la gloriosa semana de mayo de 1810 concluyó con una Junta de Gobierno que se proclamó representante de Fernando VII y de la Junta de Cádiz. En aquél entonces el reino de España había caído en manos de Napoleón, quien coronó a su hermano José como Rey de España y encerró a Fernando VII en la ciudad de Bayona, de la vecina Francia.

Largo fue el camino que nuestra Patria debió recorrer hasta llegar a la independencia, la que fue declarada el 9 de julio de 1816, seis años después del primer “gobierno patrio”, habiendo quedado consolidada parcialmente recién en el año 1853 con el dictado de la Constitución Nacional y finalmente en 1860 con la incorporación de la Provincia de Buenos Aires.

Desde entonces, nuestro país se encuentra en guerra consigo mismo. Nunca hemos sido capaces de superar nuestras diferencias. Tanto el interior profundo como el porteño de barrio muchas veces equivocan la concepción que tienen unos de otros.

Son tan pocas las cosas que debemos cambiar para que el verdadero cambio acontezca. Podemos empezar por mirarnos como iguales y tratar por fin de iniciar una pacífica convivencia en nuestras tierras.

Entonces, por qué seis años antes de nuestro bicentenario como Nación, no comenzamos a trabajar para que las cosas funcionen. Para reducir el hambre solo tenemos que volver a sembrar nuestras tierras. Para acabar con la pobreza debemos salir a las calles y dar una mano. Para tener una salud y una educación de excelencia debemos pagar nuestros impuestos y exigir a nuestros gobernantes que nos rindan cuentas por su administración y no que ellos vengan a buscarnos a nosotros.

Exigir a quienes nos gobiernan seriedad e idoneidad, es la única forma de poder salir adelante, de poder alcanzar el bicentenario con la frente bien alta, como el próspero país que supimos ser.

Acaso no fue un argentino el que una vez dijo que “…todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de su muerte”. Nosotros tenemos 6 años todavía para salir de este letargo y tratar alcanzar la tan ansiada unión nacional proclamada por el Preámbulo de nuestra Constitución y de esta manera rendirle un verdadero homenaje a la Patria en el año de su bicentenario.

NOTICIA DE ULTIMO MOMENTO

Diputados oficialistas de la legislatura porteña se encontrarían a punto de votar un proyecto de ley propuesto por Mauricio Macri, con el objetivo de crear una nueva fuerza en la ciudad: los “bañeros metropolitanos”.

De acuerdo a fuentes oficiales, el jefe de gobierno porteño ya se habría comunicado con Emilio Disi para que tome a su cargo el armado del equipo. Al parecer proveerán con un gomón a cada CGP de la ciudad.

Distintos diputados de la oposición, arguyen que el proyecto es erróneo, ya que lo correcto a su criterio sería proceder a la expropiación de todos los gomones que pertenecen a la puta oligarquía.

Por lo pronto, denuncian trabajos de inteligencia con los guardavidas piqueteros de la Costa.


*foto extraída de la página web www.clarin.com.ar

4 reflexiones sobre la ley de medios

El Proyecto de Ley de Medios propuesto por el gobierno nacional, aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada, presenta serios errores conceptuales, que van desde lo jurídico institucional hasta lo económico.

En este sentido, cabe destacar los siguientes puntos:

1. El art. 32 de la Constitución Nacional prohíbe expresamente que se dicte una ley que otorgue jurisdicción federal a cualquier tema vinculado con la “libertad de imprenta”. El artículo es terminante: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

Cabe aclarar en este punto que la libertad de expresión se encuentra tutelada constitucionalmente de una doble manera. Tenemos a la libertad de expresar las ideas por un lado y la libertad de imprenta, por el otro, la que, a su vez, fue protegida con la prohibición de la censura previa en el artículo 14.

La imprenta era el único medio de comunicación conocido en 1853/60, por lo que el concepto de “libertad de imprenta” se equipara por analogía al de “libertad de medios”. Justamente, al vedarle al Congreso de la Nación la posibilidad de restringir la libertad de imprenta o de otorgarle jurisdicción federal, el constituyente apostó por evitar que los medios de comunicación locales puedan ser manejados por los gobiernos federales.

A pesar de lo tajante de dicha disposición, el art. 7 del Proyecto de Ley de Medios enviado aprobado por la Excma. Cámara de Diputados la semana pasada establece:

“ARTÍCULO 7º. Espectro radioeléctrico. La administración del espectro radioeléctrico, atento su carácter limitado, se efectuará en las condiciones fijadas por la presente y las normas y recomendaciones internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones u otros organismos pertinentes. Corresponde al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través de la Autoridad de Aplicación de la presente ley, la administración, asignación, control y cuanto concierna a la gestión de los segmentos del espectro radioeléctrico destinados al servicio de radiodifusión. Los servicios de radiodifusión están sujetos a la JURISDICCIÓN FEDERAL…”.

A pesar de ser tan evidente la contradicción entre una norma constitucional y un simple artículo de un proyecto de ley, fueron muy pocos los legisladores que pusieron su mirada en ello, como si realmente la prohibición constitucional careciera de sentido.

2. Como si ello fuera poco, el art. 2º del proyecto de ley mencionado establece claramente:

“ARTÍCULO 2º. Carácter y alcances de la definición. La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles. La condición de actividad de interés público importa la preservación y el desarrollo de las actividades previstas en la presente como parte de las obligaciones del ESTADO NACIONAL establecidas en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional…”

Lo sorprendente de ello es que el inciso 19 del art. 75 de la Constitución Nacional prevé lo siguiente:

“19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen…”.

Es decir que, todo el debate que se llevó cabo en el seno de la Cámara de Diputados y la posterior aprobación del proyecto de ley es nulo de nulidad absoluta, ya que la Constitución Nacional prevé un procedimiento diferente para la sanción de este tipo de leyes, esto es, que la Cámara de origen sea el Senado y no la de Diputados como efectivamente se dio en la realidad.

Vemos entonces que en este caso hay un doble agravio constitucional. Por un lado se contraría un artículo que veda expresamente la posibilidad de dictar una legislación nacional en materia de libertad de medios y de conferirle jurisdicción federal y, por el otro, toma lugar una flagrante violación al procedimiento previsto para la sanción de leyes.

Pero lo más insólito de todo es que para llegar a las conclusiones apuntadas no he requerido más que confrontar los textos de la Constitución con los del proyecto de ley. No hace falta un estudio minucioso del tema para tomar razón de ello.

El problema es que, al parecer, nuestros legisladores o bien nunca han leído nuestra Carta Magna con profundidad o bien se están haciendo los desentendidos en cuestiones institucionales muy graves.

3. Pero el proyecto de ley de medios no solo acarrea problemas desde lo jurídico, sino que presenta serias deficiencias desde el punto de vista económico.

En este sentido, cabe apuntar que el porcentaje del 35% del mercado establecido como un límite absoluto puede resultar totalmente contradictorio en términos de mercado, siempre que la idea sea la de lograr un mercado altamente competitivo y salir de la fuerte concentración del mismo en un fuerte grupo oligopólico.

De esta manera, la ley se encuentra incentivando a que el oligopolio existente hoy en día se desarme para crear otro oligopolio con algunos nuevos actores en el mercado, generando barreras de acceso aún mayores al mismo y fuertes incentivos a prácticas colusivas predatorias por parte de los oligopolistas.

Tal cual está redactada la ley, puede generarse una fuerte concentración del mercado en tres actores, dos que posean el 35% del mercado y otro con el 30%. Cláusulas como estas, deben ser desechadas de las leyes por deficiente técnica legislativa. De lo contrario, se daría fuerza de ley a una norma que en lugar de fomentar la pluralidad y la libertad de expresión, incentivan aún más la concentración del mercado en unas pocas manos afortunadas.

Si lo que quieren es proteger el mercado que lo hagan fortaleciendo las instituciones y las leyes ya existentes, como la Comisión de Defensa de la Competencia y la ley antimonopolio.

4. Claramente el plazo de un año conferido a las empresas para que se desapoderen de parte de sus inversiones es irrisorio.

Se trata de un juego de presión utilizado por el gobierno nacional tendiente a desarmar los grupos hegemónicos para conformar un grupo mediático afín a sus intereses.

Considero que una actitud como esa solo puede tener una intención: que los medios de comunicación “enemigos” lleguen totalmente desarticulados al 2011 y no puedan dar pelea en el año electoral, frente a la brutal pauta oficial que llenará con creses las arcas de los grupos de medios de comunicación estatales y afines.

Como conclusión, creo que estos 4 puntos deberían llamarnos a reflexionar sobre este tema antes de expedirnos a favor o en contra de la conveniencia de una ley de medios.

Yo, por mi parte, si accediéramos a una modificación plena del sistema (con reforma constitucional incluida) me manifiesto a favor de una nueva ley de medios, pero siempre apuntando a una ley que por lo menos sea pensada como una apuesta a largo plazo, una ley para los 100 años que vienen y no una que ya deba ser modificada en los próximos años o, peor aún, que sea declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

De lo que sí estoy seguro es que si esta ley sale así, en el corto plazo la diferencia no se va a sentir en nada, pero en largo plazo las consecuencias sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa van a ser nefastas. Espero encontrarme equivocado.

La solidaridad de los pudientes

El 29 de julio de 2009 se cumplirán ya 9 años de la muerte del Dr. René Favaloro, una de las figuras más destacadas de la ciencia mundial, a quien deben sus vidas hoy en día probablemente un gran porcentaje de los enfermos de corazón del mundo.

René Favaloro significó en Argentina y en el mundo no solo un ejemplo de profesional, sino que su ética, su honestidad y su lucha silenciosa, lo convirtieron en un ícono de la lucha contra la corrupción en su país, a la que combatió hasta su último instante, a la que entregó lo más valioso que tenía a modo de pacto: su vida.

Favaloro creyó que su muerte implicaría un fuerte llamado de atención al pueblo en general y a los gobernantes, en especial, sobre lo delicada de la situación del sistema de salud argentino y, específicamente, de la Fundación que había sido fruto de sus sueños: la Fundación Favaloro.

Hoy, casi nueve años después de la desaparición del Dr. René Favaloro la situación a nivel general no solo no ha mejorado, sino que parece haber empeorado severamente. La sucesivas crisis económicas que ha vivido nuestro país, sumada a la crisis global actual han llevado a un desmoronamiento total de todos los índices de la economía, ocultado por el Estado mediante el manejo arbitrario de la estadística oficial.

La situación actual ha llevado a que la Fundación Favaloro, probablemente en busca de financiamiento, haya decidido involucrarse con el empresariado local, en este caso con la cadena de supermercados Coto, que en todos sus locales, ofrece la posibilidad a los consumidores de donar una porción de su vuelto a la Fundación Favaloro.

Todos aquellos que alguna vez hemos comprado en dicha cadena de supermercados y hemos tomado la decisión de donar un porcentaje de nuestro vuelto a la Fundación Favaloro probablemente hayamos sido engañados de la siguiente manera: una vez que los cajeros nos preguntan si queremos realizar la donación y nosotros aceptamos, nos entregan el ticket de la compra. Del ticket emitido, en referencia a la donación, no surgen los datos de las partes del contrato, que serían el donante (el cliente) y el donatario (supuestamente la Fundación Favaloro). Únicamente aparece la palabra “Donación” y el importe que se donó, pero no surge ni quién donó ni a quién se donó.

En estos términos, la donación, no se entendería como hecha a la Fundación Favaloro, sino a Coto, quien después probablemente done en su nombre a la Fundación Favaloro la plata que todos los consumidores hemos decidido voluntariamente donar a la Fundación.

Claro, me dije al principio, emitir un ticket con los datos de todas las partes, seguramente sería un poco complejo, aunque después, pensándolo mejor, razoné: si uno paga con tarjeta de crédito (o de débito), sus datos aparecen en el ticket y, además, uno debe suscribir dicho documento, por lo que el procedimiento en el caso de este tipo de donaciones debería ser similar. No implicaría un costo enorme para Coto, sobre todo si tenemos en cuenta su “voluntad solidaria”.

Veamos un poco qué dice el Código Civil al respecto.

En este sentido, el Art. 1815 establece: “La donación de cosas muebles o de títulos al portador puede ser hecha sin un acto escrito, por la sola entrega de la cosa o del título al donatario”.

Es decir, en este caso resulta claro que COTO se coloca en el lugar del donatario (que como dije sería la Fundación Favaloro), ya que si la entrega de la cosa mueble donada (en este caso dinero) no se hace de manera directa, el contrato de donación debe formalizarse por escrito, con todos los recaudos que ello trae aparejado: lugar y fecha de celebración, las partes del contrato, su objeto, entre otros.

A su vez, el Art.1816 dispone: “Para que valgan las donaciones manuales es preciso que ellas presenten los caracteres esenciales del contrato, y que la tradición que las constituye sea en sí misma una tradición verdadera”.

Lo que no ocurre en el asunto en examen, porque la verdadera tradición (o “entrega” para quienes no son letrados) lo es únicamente, para las donaciones no escritas, al real beneficiario de ellas, en este caso, la Fundación Favaloro.

Actuando de esta manera, lo más probable es que COTO C.I.C.S.A. obtenga por parte del Estado un crédito fiscal, un certificado emitido por la AFIP que permite a las empresas descontar o cancelar todo tipo de impuestos nacionales, por el importe fijado en los mismos.

De esta manera COTO se encontraría incurriendo en un claro enriquecimiento ilícito, no solo porque estaría realizando donaciones en su nombre con dinero que no le pertenece, sino que obtiene de esta manera la posibilidad de acceder a beneficios fiscales, en una abierta defraudación a las arcas públicas.

Asimismo, es menester destacar que, aún en el caso de que las donaciones fueran computadas válidas (ya sea porque se busque solucionar estas graves irregularidades o porque una decisión judicial así lo determine), lo cierto es que arrojan resultados ineficientes a nivel global.

En este sentido, mientras que la Fundación Favaloro en el corto plazo de tiempo que transcurrió desde el inicio de este proyecto recaudó la suma aproximada de $2.000.000 (pesos dos millones) es infinitamente superior la suma que el Estado deja de percibir de parte de COTO, ya que éste podrá cancelar un alto porcentaje de impuestos por el certificado de crédito fiscal, perjudicando de esta manera no solo a la población en general, sino al sistema de salud pública, que es el que verdaderamente debe estar protegido por el Estado en su carácter de garante de la salud pública y ejecutor de las políticas de policía sanitarias.

No está mal que un empresario como Coto tenga conciencia social y quiera ayudar al desarrollo y progreso de una institución tan prestigiosa como la Fundación Favaloro. Lo malo (o vergonzoso, mejor dicho) es que pretenda obtener esta clase de beneficios a costa de los consumidores.

Si realmente Coto pretende realizar un acto de beneficencia que lo haga con dinero propio. En ese caso sí se justificaría que acceda a algún tipo de crédito fiscal.

De lo contrario, como ya dije, los únicos perjudicados terminamos siendo todos, ya que todo el dinero que el Estado deja de recaudar de Coto (en este caso, ya que debe haber muchísimas empresas que cometen las mismas artimañas) es dinero que no se destina a su verdadera finalidad: el desarrollo de la salud pública.

Se estaría privilegiando de esta manera a la salud privada por sobre la salud pública, que constituye uno de los derechos constitucionales por excelencia y, quebrantando uno de los postulados del Preámbulo de la Constitución Nacional y sobre los que se intentó construir un país igualitario: “…promover el bienestar general…para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…”.

Atento a las consideraciones expuestas, por favor no realice más donaciones de este tipo antes de cerciorarse de que no lo están engañando, pues, como dice un viejo y conocido refrán, en este país, no todo lo que brilla es oro.

Yo te juro Patria mía.

En el día de la Independencia de nuestro bendito país quiero compartir con Ustedes un poema que, si bien lo escribí hace ya algunos años, continúa en plena vigencia.


Ya no cabe hipocresía
se jugaron tu entereza
nos robaron la alegría
nos dejaron la pobreza.

Yo te juro Patria mía
esa escoria acabaré
y hasta no verla vencida
día y noche lucharé.

Por tu gente silenciada
por tu gloria y el laurel
lucharé yo, Patria mía,
y jamás descansaré.

Muchos hablan del exilio
del futuro en otras tierras
de lo mucho que robaron
de lo poco que nos queda.

Hoy tus calles van vacías
solo quedan unas pocas
justicieras, agresivas,
vengadoras, cacerolas.

Sobre la modernidad (con aportes fundamentales de Ramona)

"Dia de Piquete" de Karin Godnic

Hace algunos días inicié la lectura de un libro llamado “Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad”, de un sociólogo norteamericano, Marshall Berman.

En el libro, el autor comienza describiendo a la modernidad en los siguientes términos: “Hay una forma de experiencia vital –la experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida- que comparten hoy los hombres y mujeres de todo el mundo de hoy. Llamaré a este conjunto de experiencias la `modernidad´. Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología: se puede decir que en este sentido la modernidad une a toda la humanidad. Pero es una unidad paradójica, la unidad de la desunión: nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx,` todo lo sólido se desvanece en el aire´” (Berman, 2008:1).

En este punto, debo confesar que jamás había leído una definición tan precisa sobre la modernidad. Una que la define, no solo como un simple período de la historia, sino como una experiencia, como una forma de vida que nos atrapa a todos por igual, nos une y desune, hace por lo menos 500 años.

En este sentido, no es casual que los inicios de la modernidad se den allá por los fines Siglo XV. La confrontación entre el tiempo y el espacio, si bien ya era discutida por los griegos en la antigüedad, en forma práctica comenzó a desarrollarse en la realidad a partir del descubrimiento de América, a partir de la confirmación de la teoría de que el mundo era redondo, a partir de que el conocimiento humano se expandiera ilimitadamente modificando todo el pensamiento contemporáneo a su época.

La modernidad, podemos decir, lanzó al mundo a lo desconocido. Con ella comenzaron a forjarse por primera vez los conceptos que hoy rigen nuestras vidas: el “sistema”, concebido como un todo ordenado hacia la deshumanización del hombre mediante tácticas supuestamente implementadas por organismos superiores a través de los años para oprimir al hombre y extraer de él su verdadera fuerza de trabajo a cambio de nada (o de poco, que es lo mismo), el industrialismo, el capitalismo, la evolución de las especies, entre otras.

Las ciudades, emblemas de la modernidad y espacio en la cual se expresa con peculiar intensidad, fueron ampliamente conceptualizadas. Simmel (1986:253) define la vida en las ciudades como: “En ella (en la gran ciudad) se encumbra en cierto modo aquella consecuencia de la aglomeración de hombres y cosas que estimula el individuo a su más elevada prestación nerviosa; en virtud del mero crecimiento cuantitativo de las mismas condiciones, esta consecuencia cae en su extremo contrario, a saber: en este peculiar fenómeno adaptativo de la indolencia, en el que los nervios descubren su última posibilidad de ajustarse a los contenidos y a la forma de vida de la gran ciudad en el hecho de negarse a reaccionar frente a ella; el automantenimiento de ciertas naturalezas al precio de desvalorizar todo el mundo objetivo, lo que al final desmorona inevitablemente la propia personalidad en un sentimiento de igual desvaloración”.

Nuestro mundo nace con la modernidad. Se nutre de los conceptos elaborados por civilizaciones antiguas para crear una nueva realidad que se extiende hacia todas las direcciones y confluye siempre en un mismo punto: el rol del ser humano.

Los principales artistas del renacimiento europeo, como Leonardo o Miguel Ángel o el Dante, representan importantes íconos del inicio de la modernidad. Su arte ha surgido como una manifestación hacia ese nuevo mundo que se les estaba presentando y no sabían definir. Un número indeterminado de objetos e ideas nuevas revolucionaba su entorno y su arte nacía como un manifiesto en contra de lo que, ya en aquélla época, podría comenzar a definirse como el sistema.

Es que el principal dilema de la modernidad es que el ser humano se siente atrapado por la realidad, pero a la vez se siente muy libre. Esa dicotomía entre libertad y represión es la que lo coloca sobre arenas movedizas, la que provoca que prime el escepticismo en las filosofías de vida y la que promueve que todos los fundamentos que eran considerados como sólidos se hayan desvanecido en el aire.

Justamente el hecho de que todo lo que sabemos o todo lo que tenemos tiene una existencia incierta, es indicativo de que muchos de los pilares sobre los que se encuentra asentada nuestra sociedad son de un significado frágil.

El individualismo y la autosalvación solo conducen al estado de guerra Hobbesiano. Recuperar las bases de un pensamiento colectivo, que fundamente y dé un marco para la vida grupal es elemental para superar las opresiones que los sistemas modernos plantean.

Bibliografía:

1. Marshall Berman (2008), "Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad", Siglo Veintiuno Editores, México.

2. Georg Simmel (1986), “Las grandes urbes y la vida del espíritu”, Barcelona.

Nosotros hacemos, robamos, pero hacemos

Históricamente gran parte de la sociedad argentina ha tratado de justificar la conducta de nuestros dirigentes políticos escudándose en la lamentable insignia del “Roba, pero hace”. De hecho, a mi criterio, el slogan de campaña de la fórmula Kirchner-Scioli apunta a la gente, que por desgracia es mucha, que tiene este tipo de pensamiento mediocre.

Es que justamente este tipo de razonamiento no hace más que reafirmar la mediocridad en la que nuestro país ha caído en todos los niveles, político, social y cultural.

De esta manera, hoy en día, se habla del “honestismo” más como una virtud cardinal que como un deber de quienes ostentan el manejo de la cosa pública, cuando por el contrario, estimo, que el horizonte a seguir por quien se ufana de ser “representante del pueblo”, debe ser el de constituirse en un funcionario idóneo, justo y eficiente, y que, su honestidad, debe desempeñarse en todos los ámbitos de su vida, no solo en el ejercicio de sus funciones.

Hace muy pocos días se dio un caso paradigmático en el Parlamento Británico cuando su líder, Michael Martin, se vio envuelto en un caso de corrupción. Al parecer, algunos legisladores británicos usaban dinero público (conocido en argentina como dieta de los legisladores) para mantener sus piscinas y pagar la comida de sus mascotas.

La cuestión es que, al verse envuelto en tamaña discusión, el Presidente de la Cámara de los Comunes tomó la decisión de renunciar a su cargo, convirtiéndose de esta manera en el primer “speaker” que dimitió a su cargo en más de 300 años (fuente: http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=23578).

Justamente, su decisión de dimitir, la tomó debido a la fuerte presión pública ejercida por el pueblo británico que, lejos de ampararse en lamentable “Roba pero hace” pidió la cabeza de su líder.

¿Es que acaso no nos damos cuenta de que las instituciones funcionan así? En Grecia, la cuna de la democracia actual, un gobernante corrupto si era descubierto, no solo debía renunciar a su cargo, sino que a su vez era desterrado de la polis de por vida, lo que constituía el peor castigo para un ciudadano griego.

Este es el tipo de pensamiento al que debiéramos apuntar. El de exigir a nuestros representantes el ejercicio pleno y eficiente de sus funciones o, de lo contrario, garantizar que serán juzgados por sus actos de corrupción y que cumplirán una condena firme en prisión.

Ahora bien, teniendo en consideración la conducta asumida por este legislador británico, me pregunto yo: ¿Qué hubiera pasado en Gran Bretaña con Pontaquarto y sus secuaces? ¿Seguirían sueltos, vivitos y coleando?

Considero que debe haber un cambio rotundo en el pensamiento argentino respecto de la honestidad de nuestros representantes. Hasta que el “Roba pero hace” no sea desterrado de nuestro vocabulario político nada de esta realidad lamentable va a cambiar. Pongámonos a pensar seriamente, que en un país del primer mundo, lo que aquí ocurre semanal o diariamente, solo aconteció una vez en más de 300 años.